1. ¿Qué se entiende por «demanda de contenido patri- monial» y qué tipo de pretensiones se intentan mediante este pro- cedimiento? La demanda

Manual de Contencioso…, 2006, pp. 414-423, y ampliamos la crítica en la segunda 
edición de 2007, pp. 435-447. Más recientemente, retomamos el asunto en: «Las 

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Miguel Ángel Torrealba Sánchez
En efecto, conforme lo disponen los artículos 23.2, 24.2 y 25.2 de la Ley 
Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, también en el 
supuesto de que los entes allí enunciados sean demandantes, la compe-
tencia para conocer de tales demandas corresponde a los órganos de la ju-
risdicción contencioso-administrativa. Hasta allí, entonces el ámbito de 
aplicación del procedimiento de estas demandas se limita a conjugar dos 
variables: la primera, el legitimado pasivo (o activo) cualificado, en el sen-
tido de que se trata de uno de los entes previstos en las normas (entes pú-
blicos o empresas del Estado
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). La segunda, la cuantía de la demanda, para 
asignar la competencia específica dentro de los tribunales de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.
No obstante, hay una tercera variable que consideramos especialmente 
problemática, y que aparece aisladamente como parte final del artículo 9.9 
de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, norma 
que establece de forma genérica las competencias de los tribunales de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. En ese sentido, mientras que el 
artículo 9.8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa solo hace referencia al criterio subjetivo para la determinación de la 
competencia contencioso-administrativa (la índole del legitimado pasivo), 
el siguiente supuesto legal añade, a la índole del legitimado (activo en este 
caso), una oscura frase final: «… si es de contenido administrativo».
¿Qué significa esta referencia al «contenido administrativo»
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? El operador 
jurídico no cuenta con elementos para determinar inequívocamente el 
demandas de contenido…», pp. 62-64. Ya señalamos previamente que durante 
la vigencia de la Locsj, la doctrina cuestionó el empleo por parte de la Ley de la 
denominación «demandas en que sea parte la República» por no haber agregado